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21 Febrero 2008
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La evolución de los hechos con relación a la llamada "cuestión vasca" es ciertamente tortuosa. En la anterior legislatura, se plasmó una forma de entender el tema que pasaba por la negación de cualquier posibilidad de diálogo con los protagonistas de la lucha armada, se trataba de acorralar al sector representado por Batasuna y se insistía en contraponer al amplio mundo del nacionalismo vasco un hipotético frente constitucionalista, entendiendo restrictivamente que la Constitución no permite deriva alguna de reconocimiento de la identidad nacional que no sea la española. Empezamos la legislatura que ahora termina con un evidente cambio de trayectoria del Gobierno presidido por Rodríguez Zapatero. Sin dejar de presionar a ETA en el frente policial, se trazaban sendas de diálogo y se generaban expectativas de zanjar el conflicto por la vía de la negociación. Las líneas de comunicación abiertas permitían interpretaciones más amplias sobre cómo encauzar políticamente la indudable presencia de un sector de la población vasca que ha apoyado y sigue sosteniendo el área política que representaba antes Batasuna y ahora representan distintas marcas o siglas. Todo ello, en un escenario de evidente debilidad y crisis interna de ETA. Como bien sabemos, el atentado de la T4 en Madrid rompe dramáticamente esa deriva aparentemente positiva y volvemos a estar situados en una arena de confrontación directa, que parece querer llevar no sólo al deseable desmantelamiento total de la banda terrorista ETA, sino, por extensión, a la aniquilación del espacio político de la llamada "izquierda abertzale". Recientes procesos judiciales, especialmente los relacionados con el sumario 19/98, en las que se habla de entidades, asociaciones y personas vinculadas al nacionalismo vasco como "entrañas de ETA", "corazón de ETA", "cerebro de ETA", sin que en muchos casos se les haya podido imputar estar directamente implicados en la violencia política, reflejan una visión muy extensiva y organicista del terrorismo, que acaba proyectando dudas sobre cuáles son los límites reales del antagonismo político que tolera o permite nuestra democracia, e implicando en la violencia política a gentes tan alejadas como las de la Fundación Elkarbide. En este mismo contexto, ayer se cumplieron cinco años del cierre del periódico Egunkaria. No hay noticias del juicio que sigue pendiente, que implica entre otros a Martxelo Otamendi, como director que fue de la mencionada publicación. A pesar de que, por lo que parece, la fiscalía no mantiene acusación alguna, no consta acusación particular y sólo persisten en sus alegatos la Asociación de Víctimas del Terrorismo como "acusación popular", el periódico lleva cinco años cerrado. ¿Es justificable cerrar un periódico durante cinco años y que los poderes públicos que ordenaron su cierre no presenten acusación delictiva alguna? ¿No es razonable hablar de justicia denegada cuando ha pasado tanto tiempo y no se ha celebrado el juicio, y en cambio se ha anulado un medio de expresión como Egunkaria? Pero lo grave es que éste es simplemente un caso más de una cadena que, desde mi punto de vista, supone una extralimitación de la capacidad represiva del Estado y del poder judicial en una esfera tan sensible para calibrar la fortaleza de una democracia como es la de la capacidad para contener significativos grados de antagonismo político. En mi opinión, una sociedad moralmente activa acepta el conflicto y se resiste a que se difuminen los límites entre actuaciones claramente condenables por su uso de la violencia, por su negación del pluralismo político o por su intolerancia contra todo aquello y aquellos que no coinciden con sus ideas, y aquellas otras actuaciones y expresiones de disidencia, de alternatividad, de no coincidencia con el mainstream social, por muy periféricas y minoritarias que sean. Creo firmemente que una democracia muestra su fortaleza cuando mayor es su capacidad de contener opiniones, ideas, actuaciones, siempre que esas expresiones se produzcan de acuerdo con los límites antes expresados. Lo que acaba cohesionando y haciendo fuerte a una sociedad es el conflicto. En la disidencia se reconoce al otro, y en ese reconocimiento de la diversidad es donde reside el efecto civilizador, fundacional de una sociedad, de un espacio público, un espacio de todos. Nos debería preocupar que las decisiones judiciales, que se deben acatar pero no forzosamente compartir, refuercen la indeterminación sobre cuáles son las actitudes rechazables por violentas y antidemocráticas, y cuáles son expresión de disidencia y posiciones radicalmente disconformes con el orden establecido. Si uno está a favor de la independencia de Euskadi y coincide con planteamientos políticos que otros tratan de conseguir matando y extorsionando, ¿puede ser equiparada una y otra actuacion? ¿Cómo es posible que se pueda condenar a un ciudadano porque lo que hace o dice sencillamente coincide con lo que dice o propone hacer alguien que comete delitos? ¿Podemos llamar a esa concatenación de elementos "responsabilidad objetiva" y asimilar una y otra cosa a terrorismo? No parece deseable que cada individuo deba luchar para demostrar que no es culpable o tener miedo de que alguien lo castigue por lo que piensa. Acabaremos condicionando todo ejercicio de derechos y libertades al sacrosanto manto de la seguridad, interpretada por unos pocos. ¿Dónde queda la libertad de disentir e impugnar pacífica y contundentemente los ejes de cualquier sistema político? Sin capacidad de disentir, de mantener la incertidumbre y el debate sobre el futuro, también en medios de expresión como Egunkaria, la democracia acaba debilitándose gravemente. Joan Subirats es catedrático de Ciencia Política de la UAB.